El pasado 27 de mayo, la embajada de los Estados Unidos en Colombia informó que en los próximos días iba a llegar una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad, compuesta por miembros del Ejército estadounidense, para asesorar a las tropas colombinas en su lucha contra el narcotráfico. La oposición saltó a penas se conoció el comunicado, pues el presidente no había pedido permiso al Senado para el tránsito de un ejército extranjero y mucho menos informó del asunto, todo se conoció por el gobierno norteamericano.

La controversia fue inmediata. De acuerdo con la Constitución, es el Senado el que tiene el deber de permitir o rechazar el paso de una tropa extranjera en el país y el Gobierno debe consultar el paso de este Ejército con el Consejo de Estado. Ninguna de estas condiciones ocurrió debido a que, según el Ministerio de Defensa, la llegada de esta fuerza asesora hacía parte de un convenio de larga data que se tenía con el gobierno de Estados Unidos.

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